Presunción de inocencia

La presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional del imputado, que permite a toda persona conservar el estado de “no autor del delito” en tanto no se expida una resolución judicial firme; por lo tanto toda persona es inocente, y así debe ser tratada, mientras no se declare en juicio su culpabilidad.

Presunción de inocencia

La formulación “nadie es culpable sin una sentencia que lo declare así” implica que: solo la sentencia tiene esa virtualidad; al momento de la sentencia solo existen dos resultado: inocente o culpable; la culpabilidad debe ser jurídicamente construida, y esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza; el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable; y que no deben existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que no necesitan ser probadas. 

Esta garantía en el Derecho Internacional se la puede encontrar en: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 9 “todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable”; la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11: “ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”; y finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8, segunda parte, que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”. 

Se puede decir que la presunción de inocencia genera efectos, tanto procesales como extraprocesales. Desde el punto de vista extraprocesal, genera como ya estuvimos viendo, un derecho subjetivo por el cual al imputado se le debe dar un trato de “no autor”. Es decir, que nadie, ni la policía, ni los medios de comunicación, pueden señalar a alguien como culpable hasta que una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su derecho al honor e imagen. 

A nivel procesal, el mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas obtenidas debidamente produzca condena. Este régimen de pruebas, a fin de condenar, exige para destruir la presunción de inocencia la inversión de la carga de la prueba, es decir, que quien acusa tiene que probar la culpabilidad y que nadie está obligado a probar su inocencia, pues ésta se encuentra presupuesta. En los casos de duda, se favorecerá al acusado, determinando la aplicación de la consecuencia más benigna; el aforismo “in dubio pro reo” representa la garantía constitucional derivada del principio de inocencia, cuyo ámbito de actuación es la sentencia, pues exige que el tribunal alcance la certeza sobre todos los extremos de la imputación delictiva para condenar y aplicar una pena (se refiere meramente a los hechos). 

Existe estrecha relación entre este derecho y la limitación de la detención preventiva, que está reservada para casos excepcionales, en delitos graves y cuando exista peligro de entorpecimiento o de fuga. Esto es coherente y lógico, pues para realizar una investigación no es necesario que una persona esté detenida. Si bien existe este derecho fundamental, nuestro sistema tolera el arresto previo a la sentencia firme, siempre y cuando sea por orden escrita de autoridad competente (Constitución Nacional artículo 18), o en caso de flagrancia de delito, cuando la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto (cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber cometido el hecho delictuoso, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que viene de ejecutarlo). Cuando se produce una detención en cualquiera de estas 2 hipótesis, el detenido debe ser puesto dentro de las 24 horas a disposición de la autoridad competente. Cualquier restricción de la libertad fuera de estos supuestos, constituye un acto arbitrario que acarrea responsabilidad penal. 

Cabe aclarar la distinción entre la coerción procesal, y la material. En la primera estamos hablando de la aplicación de la fuerza pública que coarta libertades reconocidas por el orden jurídico, cuya finalidad, reside en el resguardo de los fines que persigue el mismo procedimiento, averiguar la verdad y aplicar la ley sustantiva, o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto del procedimiento. Desde el punto de vista material, la coerción representa la sanción o la reacción del Derecho frente a una acción u omisión antijurídica, con el fin de prevenir genéricamente las infracciones a las normas de deber. 

Los medios de coerción procesal son: encarcelamiento preventivo (afecta la libertad física y locomotiva); allanamiento (afecta el derecho a la intimidad); inspección de correspondencia privada (también afecta el derecho a la intimidad); embargo y secuestro (afectan la libertad de disposición de los bienes); inspecciones médicas (afectan la integridad física o la intimidad personal). 

En la Argentina, violar el derecho humano de la presunción de inocencia significa
también transgredir la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 22,
incorpora los siguientes instrumentos que lo consagran:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 26).
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11).
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8, inciso 2).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, inciso 2).


Imagen: Web
Arreglos: AC

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