Primera audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos por el litigio de la deuda argentina

La Corte Suprema estadounidense analizó el alcance del pedido de información sobre activos argentinos en el exterior, solicitado por los acreedores que reclaman el pago de bonos en default. En este marco judicial, el gobierno de Estados Unidos respaldó firmemente la posición argentina respecto a la inmunidad soberana.

En una audiencia que se extendió por una hora, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escucharon las posiciones del Estado argentino, de los fondos de inversión demandantes (conocidos en el ámbito financiero como "fondos buitre") y del gobierno de Estados Unidos, que participó en calidad de amicus curiae respaldando la postura argentina.

El eje de esta audiencia no fue el litigio principal por el pago de 1.330 millones de dólares en bonos no reestructurados —el cual ya contaba con fallos de primera y segunda instancia a favor de los acreedores—, sino el proceso conocido como Discovery. Este mecanismo, autorizado por el juez de Nueva York Thomas Griesa y ratificado por la Cámara de Apelaciones, habilitaba a los fondos demandantes a exigir a entidades financieras (como Bank of America y Banco Nación) información sobre los activos del Estado argentino en cualquier parte del mundo para eventuales embargos.

Fachada del edificio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos

Los argumentos legales

La delegación argentina, representada por el abogado Jonathan Blackman, argumentó que la orden de proveer información global sobre los bienes del país viola la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés).

Esta posición fue apoyada por la administración estadounidense a través del procurador general adjunto del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler. El funcionario argumentó que la orden de Discovery avalada por tribunales inferiores es contraria a la ley FSIA y a los principios de cortesía y reciprocidad internacional. Kneedler enfatizó que la jurisdicción de estos fallos no debe extenderse a propiedades fuera de los Estados Unidos y subrayó que, legalmente, un Estado extranjero no puede recibir el mismo trato judicial que un deudor privado.

Por su parte, los fondos demandantes, encabezados por NML Capital y representados por el abogado Theodore Olson, defendieron su derecho a rastrear bienes para ejecutar la sentencia. Estos grupos optaron por no participar en los procesos de canje que regularizaron el 92,4% de la deuda argentina y, en el marco de su estrategia legal, ya habían solicitado previamente embargos sobre 29 bienes del Estado nacional, incluyendo la Fragata Libertad, reservas del Banco Central y fondos diplomáticos, los cuales fueron finalmente desestimados o recuperados por el país.

Bandera de Estados Unidos flameando en un edificio gubernamental en Washington

El análisis de los magistrados

Durante la sesión, los jueces de la Corte Suprema formularon preguntas incisivas a las tres partes involucradas. Los magistrados Antonin Scalia y Sonia Sotomayor plantearon consultas técnicas sobre las obligaciones de las entidades financieras de proporcionar detalles de activos a nivel global.

Otros miembros del tribunal se enfocaron en los límites de la jurisdicción. El juez Stephen Breyer señaló que los tribunales de distrito deben actuar con mayor cautela cuando están en juego cuestiones de soberanía, sugiriendo que bienes de carácter diplomático o militar deben quedar excluidos de este tipo de acciones. En la misma línea, la jueza Elena Kagan remarcó que, si bien a un deudor privado se le puede exigir revelar su patrimonio global, el texto de la ley de inmunidad establece reglas diferentes para los Estados.

Vista del tribunal de justicia de los Estados Unidos evaluando el caso de los fondos buitre

Reacciones oficiales

Tras finalizar el encuentro en Washington, que contó con la presencia de funcionarios del Palacio de Hacienda argentino, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó la audiencia de previsible y evaluó de manera positiva los argumentos esgrimidos por la defensa legal del país. Asimismo, destacó el respaldo formal brindado por el gobierno de Estados Unidos en la protección de la inmunidad de los activos soberanos, a la espera de la resolución final del máximo tribunal pautada para mediados de año.

Dr. Fabricio Fernández

Sobre el Autor: Dr. Fabricio Fernández

Abogado litigante con sede en Mendoza. Especialista dedicado a la defensa integral de trabajadores en reclamos ante la SRT (ART) y al acompañamiento legal en accidentes de tránsito con consecuencias graves o fatales.

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