Dos diócesis al servicio del cura prófugo. Durante los últimos ocho meses, mientras era buscado por delitos de lesa humanidad, Vara estaba en Ciudad del Este y recibía todos los meses un cheque, todo gracias a las gestiones del arzobispo Guillermo Garlatti. La falsa entrega y la detención parroquial.
El ex capellán Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, vivió los últimos ocho meses como prófugo de la Justicia gracias a la cobertura que le brindó la Iglesia Católica desde al menos dos países. Mientras el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti le libraba cheques mes a mes por medio de un apoderado, Vara se mantuvo a resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano, quien hace ya un lustro desató un escándalo entre los laicos por acoger a un cura acusado de abusos sexuales. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, declaró a un diario local el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento en Paraguay. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el propio Livieres Plano, ex profesor de la Universidad Austral y ex vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en Buenos Aires. Mientras en Bahía Blanca la Justicia investiga a Garlatti por financiar al prófugo, al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo, el comunicado de la diócesis de Ciudad del Este aporta un dato clave: el ex capellán “fue recibido a pedido de su Obispo”. El texto omite precisar nombre o jurisdicción, pero ese obispo con mayúscula no es otro que Garlatti, confirmó a Página/12 el sociólogo Fortunato Mallimaci. A la espera de la extradición, Vara seguirá dando misa y dormirá en la misma cama que cuando era un prófugo, ahora bajo arresto parroquial.
El rol de Vara durante el terrorismo de Estado es público desde el Juicio a las Juntas por el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. En 1999, durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, el propio ex capellán admitió que supo de las torturas en el Cuerpo V de Ejército y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal Hugo Cañón pidió su imputación, pero la Cámara Federal se la negó cuando todavía regían las leyes de impunidad. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Pala zzani desmenuzaron las pruebas contra el cura, a quien caracterizaron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez subrogante Santiago Martínez dijo no encontrar “elementos suficientes” (tampoco los encontró en el caso de los directivos del diario La Nueva Provincia) pero la Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que se concretó el lunes pasado en Ciudad del Este.
“Interpol lo arrinconó y acordaron su presentación ‘voluntaria’ a la regional de la organización transnacional”, precisó el periódico E’a bajo el título “Iglesia paraguaya protegió a cura argentino acusado de torturas”. Una alta fuente de Interpol confió al diario que lo encontraron en la parroquia Virgen del Rosario y que, “como es una persona mayor”, le concedieron ese inusual beneficio. El imputado fue trasladado luego a Asunción, donde el juez de garantías Hugo Sosa Pasmor le concedió el arresto en la misma parroquia que lo cobijó como prófugo, a la que volvió con custodia policial. El párroco Rolón, que acompañó a Vara durante el simulacro de entrega, declaró al diario La Vanguardia que su compañero “salió (de la Argentina) porque no era un proceso justo”. En la misma línea que el ex juez Otilio Romano cuando pidió refugio en Chile o que el ex piloto naval Julio Poch cuando fue detenido en España, Rolón sugirió que Vara es víctima de una persecución y agregó que “se siente martirizado y golpeado por algo externo”, aunque aseguró que “la Justicia paraguaya estará resolviendo como corresponda”. Mientras cumpla el arresto en la parroquia, el cura de ochenta años seguirá oficiando misa, aclaró Rolón, que es capellán de la penitenciaría de Ciudad del Este.
El obispo Livieres Plano, más precavido, se dirigió “a los fieles y medios de prensa” mediante un comunicado oficial de la diócesis de Ciudad del Este. “Habiendo conocido que pesaba sobre él (Vara) una orden judicial, emanada de autoridades argentinas, se presentó” ante Interpol, apuntó en un claro intento de desmentir a las publicaciones que habían informado sobre la falsa entrega voluntaria. El obispo, que es también abogado y escribano, apuntó que el ex capellán ayudó “en la liturgia y otras actividades” de la parroquia y aclaró, por si el dato contrariaba a algún feligrés, que “esto era posible al no existir sanción canónica” (vale aclarar que la Iglesia Católica tampoco aplicó una “sanción canónica” al ex capellán Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua en 2007 como “torturador y asesino”, según el Tribunal Oral Federal de La Plata). “El citado sacerdote goza de la estima de la comunidad parroquial por sus servicios y calidez humana”, aseguró, y le agradeció “la entrega y sacrificio demostrados durante este poco tiempo en que estuvo desarrollando actividades pastorales”.
Livieres Plano numeró del uno al cinco los puntos relevantes para el frente interno y mencionó como al pasar, en la introducción, un dato clave para la investigación del encubrimiento por parte del Arzobispado de Bahía Blanca, que denunció el martes el Ministerio Público. Vara “fue recibido en la Diócesis de Ciudad del Este a pedido de su Obispo”, escribió, sin precisar el nombre ni la jurisdicción eclesiástica de origen. Consultado por Página/12, Mallimaci explicó que “Vara es un sacerdote incardinado, es decir, con anclaje territorial permanente, por lo que depende siempre de un solo obispo, en su caso el de Bahía Blanca”. “Para que pudiera ejercer en otra diócesis, Garlatti debió haberlo recomendado o cuanto menos haber certificado que es un sacerdote en plenitud”, agregó.
El arzobispo que pidió a su par paraguayo recibir a Vara y que todos los meses libraba un cheque para el prófugo por medio de su apoderado Leopoldo Bochile es el mismo hombre que en noviembre, ante un pedido de ayuda de organismos de derechos humanos, dijo desconocer el paradero de Vara. El fiscal Castaño ya promovió la acción penal por encubrimiento, en principio contra Garlatti y Bochile, dueño de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca. La causa está en manos del juez subrogante Martínez, quien debería excusarse porque ya se pronunció a favor de la inocencia del ex capellán.
La justicia investiga a la Iglesia por encubrir al cura prófugo
La Fiscalía de Bahía Blanca pidió al Banco Central que informe si hubo transferencia de dinero a Paraguay. Busca saber el rol que pudo tener el arzobispo Guillermo Garlatti para financiar la vida del ex capellán militar Aldo Vara en Ciudad del Este. Críticas de los Sacerdotes por los Pobres.
La justicia de Bahía Blanca investiga si el Arzobispado de esa ciudad, a cargo de Guillermo Garlatti, financió al cura Aldo Vara mientras estuvo prófugo en Paraguay por los delitos de lesa humanidad que se le imputan. El fiscal federal Antonio Castaño pidió ayer informes al Banco Central para determinar los movimientos de dinero de la Iglesia. "El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento", cuestionaron desde el Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
Tras la detención de Vara en Ciudad del Este, luego de haber estado ocho meses prófugo, la justicia comenzó a investigar cómo se financió del ex capellán militar. La causa se inició con la denuncia por encubrimiento a Garlatti formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Miguel Palazzani y José Nebbia. Los fiscales señalaron que le habría pagado la jubilación a Vara a través de un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado en la sede del Arzobispado.
Como se trata de un emulomento que otorga la Iglesia no se pudo seguir el rastro a través de la ANSES. Por ello, Castaño solicitó al Banco Central información y movimientos de las cuentas bancarias de Bochile, apoderado de Vara. Citó también a declaración testimonial al administrador de la curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Mallimacci, quien fue el primero en denunciar públicamente la situación.
La Iglesia bahiense negó en varias oportunidades conocer el paradero del cura prófugo. Sin embargo, tras su captura se conoció que no sólo cobraba su jubilación a través de un apoderado, sino que fue el propio Garlatti quien pidió que fuera recibido en Paraguay, como admitió la Diócesis de Ciudad del Este.
En un comunicado difundido ayer, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres mostró su preocupación ante la posibilidad de que el arzobispo de Bahía Blanca haya asistido a un prófugo de la justicia. "Si lo hubiese hecho por desconocimiento, miedo o algún otro condicionamiento, debería expresarlo públicamente para facilitar una mejor comprensión de la situación y en todo caso pedir disculpas a la sociedad", señaló el colectivo.
Por: Diego Martínez - Pagina12.com.ar / Infonews.com
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