La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó por unanimidad la legalidad de Uber: rechazó el recurso de queja interpuesto por el Sindicato de Peones de Taxi y confirmó que los conductores y gerentes de Uber no cometen delito alguno en el país.
De esta manera, ratificó un fallo de agosto de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya en el que había afirmado que la actividad que realiza la empresa de transporte es lícita ya que la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva".
Ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal confirmó la resolución y en 2017, la Cámara de Casación Penal también la ratificó. Luego, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, también se pronunció a favor de la aplicación cuando coincidió en que al tratarse de un servicio distinto, no se le aplica un marco regulatorio.
Este año, el fuero Penal Económico había desestimado una denuncia por evasión de aportes de la seguridad social, al considerar que los conductores no son empleados de Urbe al tiempo que, meses atrás, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires decretó el levantamiento del bloqueo nacional de la web y aplicación.
Mendoza fue la primera provincia argentina en aprobar la utilización de Uber en julio cuando el Senado aprobó regular el sistema virtual. Además, se convirtió en la primera ciudad del mundo en aprobar la aplicación antes del desembarque del servicio.
